Es la herramienta que guía a las entidades del Estado en la implementación de una estructura de prevención de la corrupción con base en estándares y buenas prácticas internacionales. Su finalidad es fortalecer la cultura de integridad de las entidades públicas, para incrementar su capacidad de prevención y respuesta frente a prácticas antiéticas o corruptas, así como asegurar un servicio orientado al interés general y a la creación de valor público.
El Decreto Supremo N.° 148-2024-PCM aprueba el Modelo de Integridad, e incluye principios, componentes y criterios para su implementación y evaluación en las entidades del sector público.
Los 9 componente que comprenden el Modelo de Integridad son:
